La posible reactivación de la fracturación hidráulica en México volvió al centro de la discusión pública. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el uso de técnicas para extraer gas no convencional “es un tema a discusión”, en el contexto de la búsqueda por fortalecer la soberanía energética y reducir la dependencia de importaciones provenientes de Estados Unidos.

México importa alrededor del 75% del gas natural que consume, en su mayoría desde Texas, donde la producción se basa precisamente en el fracking. Esta realidad ha puesto sobre la mesa la necesidad de evaluar alternativas para incrementar la producción nacional, especialmente ante episodios como la crisis invernal de 2021 en EE. UU., que afectó el suministro y encareció la electricidad en territorio mexicano.

La mandataria planteó la conformación de un grupo de especialistas que analice la viabilidad técnica y ambiental del gas no convencional. La revisión incluiría opciones como el reciclaje de agua y el uso de insumos menos agresivos, con el objetivo de mitigar impactos asociados a la técnica, señalada por su alto consumo hídrico y posibles riesgos para acuíferos y estabilidad sísmica.

El planteamiento representa un giro frente a la postura histórica de la llamada Cuarta Transformación, que durante años rechazó públicamente el fracking por considerarlo un símbolo del extractivismo. Ahora, el enfoque se desplaza hacia una evaluación científica y técnica.

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El debate también ocurre en un entorno de presión financiera para Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya producción de gas se destina en gran parte a sus propias operaciones. Reactivar el potencial shale en el norte del país implicaría inversiones significativas, regulación ambiental estricta y un delicado equilibrio político entre autosuficiencia energética y compromisos climáticos.